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Hoy la caza se ha generalizado de manera notoria entre amplias capas de la población. No sólo la caza menor, de más fácil acceso para el habitante de las predominantes áreas rurales agrícolas, sino también la caza mayor, antaño muy reservada a estratos muy privilegiados de la sociedad. Este hecho deriva en parte y por un lado del abandono del campo y del progresivo desplazamiento de numerosas personas a las zonas urbanas habiendo provocando con ello un cierto re-asilvestramiento de entornos agropecuarios y forestales. Por otro deriva también de las importantes economías generadas por la caza considerada como recurso natural y renovable.

Sin embargo, todo ello no ha favorecido la recuperación de algunas especies que, en delicada situación hace unos decenios, hoy ya se hallan al borde de la extinción. Es el caso del oso pardo y del lince ibérico, o del bucardo -la cabra montesa de los Pirineos- extinguido definitivamente en el año 2000. Esto ha tenido una clara traducción en la determinación restrictiva de las especies cazables -las "cinegéticas"- que han sido explícitamente señaladas en el Real Decreto 1095/1989 en el que además de declararse las especies de caza y pesca se establecen normas para su protección.
   La transformación política experimentada    por España, que ha pasado de ser un    Estado unitario a convertirse en un Estado    cuasi federal o autonómico, también ha    tenido un claro reflejo en la caza y en su    legislación. Hoy las competencias en    materia cinegética ya han sido transferidas    sustancialmente a las diferentes    Comunidades autónomas y desde las    órdenes de veda a la autorización de    captura de ciertas especies constituyen    materias decididas totalmente en un    ámbito regional.